Límites a la justiciabilidad de los Derechos Socioeconómicos
El Dr. Jhoel Escudero, decano del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), participó con su ponencia: “Límites a la justiciabilidad de los derechos sociales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador”, en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, actividad académica impulsada por la Universidad de Buenos Aires.
Durante su intervención realizó un contraste entre los logros del reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y los límites que afectan su ejercicio y justiciabilidad. Esto, con la intención de poner en evidencia ciertas dificultades del ejercicio de los derechos sociales, a partir del estudio de tres casos resueltos por la Corte Constitucional del Ecuador.
Conceptualmente, el decano del IAEN partió de los límites a los derechos y del análisis del contenido e importancia de los DESC para, más adelante, en el contexto ecuatoriano, revisar las diferencias con los derechos del Buen Vivir.
Su ponencia se basó en una investigación de tipo crítica con enfoque cualitativo, cuyo marco teórico, aplicado a hechos concretos, posibilita la delimitación de la investigación, mediante el estudio de casos representativos, partiendo de la interrogante: ¿en qué medida la Corte Constitucional de Ecuador ha superado los límites que impiden el ejercicio de los derechos a la salud, vivienda y seguridad social?
En su análisis, el doctor Escudero, a más de reflexionar sobre los límites históricos de los derechos económicos sociales y culturales, se introdujo en categorías de influencia en torno a esta temática desde la perspectiva de la Constitución Económica, las sedes jurisdiccionales, los derechos y justiciabilidad del Buen Vivir en Ecuador y el derecho a la vivienda, a la salud y a la seguridad social.
Finalmente, el decano señaló a los DESC como un avance en el reconocimiento de los derechos, que amplían la forma de comprender la dignidad. Y resaltó que los derechos del Buen Vivir poseen una articulación única con un sistema de economía social y solidaria, dotando así de un plan de desarrollo para su consecución.
El estudio de casos relevantes basados en los derechos a la vivienda, a la salud y a la seguridad social, demostró que, a más de los límites generales que afectan su cumplimiento (escasez de recursos, la ausencia de políticas públicas efectivas, la corrupción generalizada y la falta de voluntad política) se suman nuevos obstáculos de índole judicial, como: la falta de independencia en este campo, el incumplimiento de sentencias y una maquinaria normativa demoledora basada en la propiedad privada que disuelve la posibilidad de protección de los DESC o derechos del Buen Vivir.