Violencia de género, migración y seguridad se abordaron en el IAEN

Ayer, jueves 7 de febrero de 2019, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)-la Universidad de Posgrado del Ecuador, se realizó el conversatorio “Violencia, género, derechos humanos, seguridad y migración”. El objetivo: dilucidar el papel de la academia en la resignificación de las feminidades y masculinidades para la transformación social.

En el encuentro, los docentes del IAEN, expusieron sus trabajos de investigación en torno a diversas problemáticas, resaltando el papel de la academia para perfilar políticas públicas acertadas que atiendan los casos de violencia de género, xenofobia, seguridad, entre otros.

Roxana Arroyo, decana del Centro de Relaciones Internacionales, aseveró que el femicidio no es resultado de una sola causa sino, todo lo contrario, responde a un problema estructural y se refleja como expresión máxima de la violencia. “El femicidio es producto de relaciones complejas, en una sociedad marcada por una violencia simbólica y real que llega hasta el punto de negar que las mujeres son sujetos de derecho y que, por lo tanto, pueden ser asesinadas”.

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En cuanto a la responsabilidad del Estado, la profesora Arroyo enfatizó, en que ésta implica una debida diligencia a través de la inversión en recursos económicos, la cobertura de servicios y la capacitación al personal que trabaja con las víctimas.

Soledad Varea, docente del Centro de Administración Pública, indicó que en Ecuador, durante el 2018, se registraron 280 casos de femicidios. “El 40 por ciento ocurrió en mujeres de 20 a 29 años de edad y el 27 por ciento, en mujeres de entre 30 y 39 años. La mayoría de ellas eran solteras y el 39 por ciento, se dedicaba al trabajo doméstico”.

 

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La primera forma de violencia -explicó Varea- sigue siendo la intrafamiliar, seguida por la violencia comunitaria (asesinatos producto de venganzas, riñas, entre otros) y, finalmente, la delincuencia común.

Daniela Célleri, docente del área de Relaciones Internacionales, quien el año anterior realizó una investigación sobre la situación laboral y el aporte económico de los inmigrantes en el norte de Quito, reveló que de los 2 938 encuestados, el 54,3 por ciento son hombres. Sin embargo, analizando los rangos de edad entre cinco y 15 años hay un mayor porcentaje de mujeres. “Por esta razón, las niñas y adolescentes son importantes para el enfoque de políticas públicas al ser más vulnerables a la violencia de género”.

 

La investigación, que se ejecutó con el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha y Friedrich Ebert Stiftung (FES-ILDIS)-Ecuador, arroja otros datos en cuanto a los estudios universitarios, por nacionalidad, que poseen los inmigrantes encuestados. “El 39 por ciento son cubanos; el 26,3 por ciento, son venezolanos; el 17,3 son colombianos”. Es interesante, dijo Célleri, considerar que el 6,3 por ciento de la población a escala nacional tiene nivel universitario.

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“Como académicos tenemos el papel de conocer a profundidad las problemáticas coyunturales que aquejan al país y a la ciudadanía, para encaminar las políticas públicas y la educación hacia concepciones acertadas, no discriminatorias y que no revictimicen a los sujetos de derechos” apuntó Célleri.

Patricio Carrillo, general de la Policía Nacional, expuso sobre el uso progresivo de la fuerza, el marco legal y los protocolos que se aplican ante un hecho de violencia. Indicó que en el año 2010, Ecuador presentaba el 58 por ciento de muertes violentas ligadas al crimen; es decir, a la delincuencia. Ahora, el 53 por ciento de muertes están relacionadas con la violencia interpersonal.

“En Quito, por ejemplo, según datos proporcionado por el ECU911, pasamos de atender dos mil incidentes por contravenciones a un promedio de ocho mil. El accionar de los policías se circunscribe a cuidar gente ebria que podría convertirse en víctima o en victimario”.

Diego Pérez Enríquez, coordinador general de Investigación, abordó el tema de las políticas públicas y la seguridad, señalando la importancia de comprender qué es la seguridad integral. “Al existir demandas de naturaleza diversa sobre la seguridad, es complejo conseguir que las instituciones del Estado puedan adecuarse inmediatamente a las transformaciones que surgen en el mundo actual. No obstante, es fundamental lograr una adecuada articulación entre los diversos actores institucionales. Además, se debe recordar que existe una responsabilidad de la sociedad frente a la consecución de la seguridad”.

El profesor Pérez explicó que hay dos niveles de atención: la construcción de la seguridad por parte de la comunidad y la necesidad de que los tomadores de decisiones civiles asuman tales responsabilidades desde el conocimiento del sector de la seguridad. Esto, con el fin de establecer prioridades para la política pública.